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Crisis Humanitaria en Colombia, se Agravó por el Paro Armado del ELN.




Según la entidad, seis departamentos del suroccidente del país reportaron las situaciones más difíciles durante el paro y esto derivó en desplazamientos masivos y confinamientos


Organizaciones sociales del país aseguran que durante el paro armado implementado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a finales de febrero, los subversivos realizaron más de 60 acciones terroristas en todo el país. Estos eventos, según la Defensoría del Pueblo, agravaron la crisis humanitaria que venía reportando el país a causa del recrudecimiento de la violencia.

La entidad estatal publicó este 9 de marzo una actualización de su boletín de Movilidad Humana Forzada y este da cuenta de un aumento considerable en el número de víctimas por el conflicto interno. Según la Defensoría, seis departamentos ubicados al suroccidente del país sufrieron más la violencia durante el paro y esto derivó en desplazamientos masivos y confinamientos.

“Durante el mes de febrero registramos que el denominado paro armado agravó la crisis humanitaria de varias comunidades de Arauca, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca, donde se presentaron seis eventos de desplazamiento masivo y dos situaciones de confinamiento”, aseguró Carlos Camargo, defensor del Pueblo.


Según la entidad, entre los hechos más graves que ocurrieron el mes pasado están dos desplazamientos masivos en Chocó. 365 personas (de 85 familias) que habitaban en los municipios de Istmina y Sipí se vieron obligadas a salir de su territorio. Además, en Bojayá, 3.700 personas, de 915 familias, estuvieron confinadas.


A esto se suma la crisis humanitaria por eventos de desplazamiento masivo y confinamientos que dejan víctimas como las comunidades étnicas afrocolombianas (Negria -Acadesan y Barranconcito); indígenas (resguardos indígenas Cañamomo Lomaprieta, Uva- Pogue, Alto Río Bojayá y Alto Rio Napipi) y campesinas.


Por su parte, en Buenaventura los grupos armados ilegales incrementaron las disputas y presiones en contra de la población, lo cual agravó la situación de confinamiento. Alrededor de 8.000 personas de comunidades indígenas y afrodescendientes tuvieron que encerrarse para protegerse de los subversivos.


Así mismo, en Cauca, puntualmente en el municipio de Guapi, ocurrió un desplazamiento masivo que afectó a 48 personas de 12 familias. En el mismo departamento también hubo otros dos desplazamientos masivos: uno en Suárez, donde 192 personas tuvieron que abandonar sus hogares (64 familias); y otro en Argelia, en el que resultaron afectadas 89 personas (de 35 familias).


De otro lado, en Puerto Asís, Putumayo, se presentó un desplazamiento masivo que, según informaron los líderes locales, afectó a 150 personas, de las cuales 36 (de 18 familias), llegaron al municipio de Puerto Caicedo. Las demás personas se estima que se distribuyeron en otros municipios de la zona.


En su informe, la Defensoría también señaló que otras consecuencias del paro armado del ELN están las extorsiones o ‘vacunas’ a comerciantes, transportadores y operadores turísticos, entre otros. Esta modalidad consiste en que los grupos armados ilegales exigen financiar la “seguridad” de los civiles a cambio de dinero. En caso de no pagarles, grupos étnicos, líderes políticos, docentes y estudiantes resultan violentados. En algunas ocasiones más graves, terminan en homicidios y feminicidios a líderes sociales y miembros de la fuerza pública.


Teniendo en cuenta este panorama, la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades del orden departamental y nacional para tomar las medidas necesarias que permitan mitigar los impactos sobre las comunidades. Se pidió que se apliquen todos los protocolos de atención a víctimas definidos por el Estado.


“Solicitamos tomar las medidas necesarias para mitigar los impactos sobre las comunidades y, de manera especial, a que se apliquen los principios de coordinación, subsidiaridad, concurrencia y complementariedad, debido a que la situación humanitaria ha desbordado la capacidad de las entidades locales”, dijo Camargo.


El funcionario pidió una asistencia especial para las comunidades indígenas que por culpa de grupos armados ilegales están confinadas en 11 puntos del municipio de Bojayá, en especial en tres resguardos (Uva -Pogue, Alto Río Bojayá y Alto Río Napipi). Aseguró que los afectados han perdido su autonomía territorial debido a que dichos grupos les manifiestan que en el territorio “se hace lo que ellos digan” y les han impuesto normas de comportamiento.

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